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Hoy finaliza el plazo de presentación de enmiendas ante la Proposición de Ley de creación del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE), que el Gobierno ha presentadoal Parlamento.  Hace una semana se cerró también el plazo para la presentación de enmiendas antela Proposición de Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de laEmpresa Española.Con ambas leyes el Gobierno pretendía responder, tras años de reivindicacionesy retrasos, a la obligación de reforma de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y de los fallidos de seguros de crédito a la exportación de la Compañía Española de Seguro y Crédito a laExportación (CESCE), que han supuesto un endeudamiento nocivo para los países del sur.

La propuesta del Gobierno es de aumentar el porcentaje de ayuda reembolsable, en forma decréditos a través del nuevo FONPRODE. Mientras el Pacto de Estado contra la Pobreza fijaba un límite del 5% de recursos de AOD en forma de créditos, la Secretaria de Estado de CooperaciónInternacional, Soraya Rodríguez, declaró el martes pasado en la comparecencia sobre el Plan deAcción de Cooperación Internacional (PACI 2010), que dicho límite está obsoleto y que en el marcode FONPRODE la intención del Gobierno es de priorizar la ayuda reembolsable.Para ¿Quién debe a Quién? este aumento es inaceptable, pues “agravará de forma irremediable la situación de sobreendeudamiento de los países del Sur”.

El Gobierno pretende de esta manera poder cumplir con el compromiso de llegar al 0’7% del PIB
para cooperación en 2012, pero sin generar más déficit, como reclama el Ministerio de Economía y
Hacienda. Pero de esta forma el Gobierno ignora las recomendaciones realizadas en el 2002 por el
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en cuanto a revisar la política de cooperación española
en el sentido de conceder donaciones y no créditos a los países pobres. Países como Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva
Zelanda, Noruega, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos están por debajo del 5% de la AOD
reembolsable. “Debemos apostar por no superar ese umbral, e incluso reducirlo a la mínima
expresión, si queremos una cooperación de calidad”, afirma Dani Gómez-Olivé, investigador del
Observatorio de la Deuda en la Globalización y miembro de ¿Quién debe a Quién? Según Gómez-
Olivé “la AOD debería concebirse como una herramienta de restitución ante las deudas históricas,
económicas, culturales, ecológicas y sociales, que tenemos con los países del Sur, y dicha
restitución ha de ser en forma de donación, nunca de crédito”.

A FONPRODE se añadirá el Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), un mecanismo de
crédito para terceros países, ligado a la compra de bienes y servicios españoles, y creado en el
marco de la reforma del sistema de apoyo a la internacionalización de la empresa española. De
mantenerse la propuesta del Gobierno de que FIEM pueda contabilizar parcialmente como Ayuda
Oficial al Desarrollo, se seguiría desvirtuando dicha Ayuda, al ligarla a intereses comerciales
españoles, tal y cómo sucede en la actualidad con los créditos FAD.

Ambos mecanismos carecen, según ¿Quién debe a Quién?, de las necesarias herramientas de
control, evaluación y rendición de cuentas, posibilitando la generación de más deuda ilegítima en
los países del Sur. Tal y como denunció Maria García, del Observatorio de derechos humanos-DESC
y ¿Quién debe a Quién?, en la comparecencia el pasado 15 de febrero en la Comisión de
Cooperación del Congreso de Diputados, “tanto FONPRODE como FIEM carecen de regulación de
obligado cumplimiento en materia de transparencia y rendición de cuentas, corrupción, derechos
humanos o financiación de proyectos con altos costes medio ambientales, económicos, sociales o
culturales, entre otras”.

Las propuestas del Gobierno se han encontrado no sólo con la oposición frontal de un amplio
conjunto de organizaciones de la sociedad civil, sino también de diversos grupos parlamentarios que
han presentado numerosas enmiendas a las proposiciones de ley. Además, cerca de 700 ciudadanos
y ciudadanas han querido participar en la ciberacción propuesta por ¿Quién debe a Quién?,
enviando mensajes con las demandas de dicha campaña a los diputados y diputadas de las
comisiones de Cooperación y Comercio del Parlamento, que deben discutir las propuestas de
FONRPODE y FIEM respectivamente. Dichas demandas han recibido además la adhesión de más de
un centenar de organizaciones a nivel local, estatal e internacional. Además, activistas de la
campaña ¿Quién debe a Quién? en Madrid realizaron una acción simbólica el pasado 14 de febrero
en un entierro de las posibilidades de acabar con la deuda externa.

El Gobierno español incumple así el mandato de la Ley de gestión de la deuda externa (38/2006),
que lo emplazaba a abordar la cuestión de la generación de deudas externas, así como las
demandas de la sociedad civil, que reclama desde hace años abordar la cuestión de la ilegitimidad
de dichas deudas. Al contrario, para Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción y ¿Quién debe a
Quién?, “el Gobierno pretende utilizar mecanismos generadores de deuda externa como falsa salida
a la crisis económica y repitiendo los mismos errores del pasado. Sobre bases tan frágiles no se
logrará una recuperación económica sostenible y se muestra una vez más la falta de
responsabilidad y compromiso de nuestro Gobierno con los derechos humanos y el desarrollo
sostenible de los países de Sur”.

Para ¿Quién debe a Quién?, en caso de tirar adelante tal y como los propone el Gobierno,
FONPRODE y FIEM supondrán un retroceso abismal en la lucha contra la pobreza y la deuda
externa. Por ello la campaña considera urgente que el Gobierno considere las demandas que le han
presentado y mantener vías de participación de la sociedad civil en las siguientes fases de discusión
de ambas leyes.
Contacto:
Iolanda Fresnillo – premsa@odg.cat – 93 301 17 93 / 678 29 69 79