El creciente escándalo en torno a una nueva oleada de inversiones en tierras
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- Categoría: Soberanía alimentaria
- Publicado el Viernes, 23 Septiembre 2011 17:34
La nueva oleada de acuerdos sobre tierras no es la inversión en
agricultura que millones de personas esperaban. Las personas
más pobres son quienes más sufren cuando se intensifica la
competencia por la tierra. Las investigaciones de Oxfam
demuestran que la población local suele salir perdiendo frente a
las élites locales y a los inversores nacionales o extranjeros, ya
que carece de poder para hacer valer sus derechos y defender sus
intereses eficazmente. Las empresas y los gobiernos deben
adoptar urgentemente medidas para que se respete el derecho a
la tierra de las personas que viven en la pobreza. Además, si se
espera que las inversiones contribuyan a mejorar la seguridad
alimentaria y los medios de subsistencia de las personas en lugar
de minarlos, las relaciones de poder entre los inversores y las
comunidades locales tienen que cambiar.
2
Resumen
La inversión internacional desempeña un papel fundamental en el
desarrollo y en la reducción de la pobreza. Si se gestiona de forma
responsable y bajo un marco regulatorio eficaz, puede mejorar los
medios de vida y crear empleo, servicios e infraestructuras. Oxfam lo
ve cada día en su trabajo, y en ocasiones, colabora con algunas
empresas para promover inversiones que beneficien directamente a
las comunidades que sufren la pobreza. Sin embargo, los datos sobre
las inversiones recientes en tierras muestran una realidad muy
diferente. Reflejan que la presión sobre la tierra,, un recurso natural
del que depende la seguridad alimentaria de millones de personas
que viven en la pobreza, va en aumento. Demasiadas inversiones de
este tipo han dado lugar a desposesiones, engaños, violaciones de
los derechos humanos y destrucción de los medios de subsistencia.
Si no se adoptan medidas en los ámbitos nacional e internacional
para defender los derechos de las personas en situación de pobreza,
esta carrera por la tierra que vivimos en estos días podría empeorar
aún más la situación de demasiadas familias que viven en la pobreza,
y que a menudo son expulsadas de sus tierras y apenas tienen
posibilidades de recurrir a la justicia.
Desde 2001, en los países en desarrollo se han vendido o arrendado
hasta 227 millones de hectáreas de tierra (una superficie del tamaño
de Europa Noroccidental), la mayoría a inversores internacionales. El
grueso de estas adquisiciones de tierras se ha producido a lo largo de
los últimos dos años, según una investigación que está llevando a
cabo el Land Matrix Partnership.1
Este reciente aumento en las adquisiciones de tierras se explica por
la crisis del precio de los alimentos en 2007-08, que hizo que
inversores y gobiernos prestasen de nuevo atención a la agricultura
tras décadas de abandono. Pero este interés por la tierra no es algo
pasajero, sino una tendencia impulsada por factores muy poderosos.
Frecuentemente, los acuerdos sobre tierras están enfocados a
producir para los mercados internacionales de alimentos y de
biocombustibles. A muchos se los puede llamar, con acierto,
“acaparamiento de tierras”. Este término se refiere a adquisiciones de
tierra que cumplen que uno o más de los siguientes criterios:
• Violan los derechos humanos, y en particular los derechos de las
mujeres;
• Desatienden el principio de consentimiento libre, previo e informado
de los usuarios de la tierra afectados, en particular de los pueblos
indígenas;
• Ignoran los impactos en las relaciones sociales, económicas y de
género, así como sobre el medio ambiente;
• Evitan contratos transparentes, con compromisos claros y
vinculantes sobre el empleo y la distribución de beneficios;
• Eluden la planificación democrática, la supervisión independiente y
la participación sustantiva.2
3
Este informe revisa en detalle cinco casos de acaparamiento de
tierras en Uganda, Indonesia, Guatemala, Honduras y Sudán del Sur.
El informe trata de comprender el impacto del acaparamiento de
tierras sobre las personas que viven en la pobreza y sus
comunidades, así como identificar los factores subyacentes en las
compañías, las comunidades locales y los gobiernos receptores, y
examinar el papel que desempeñan los inversores internacionales y
los gobiernos de origen.
Algunos casos narran la historia de expulsiones forzosas (y a menudo
violentas) de más de 20.000 personas de sus tierras y hogares, y la
destrucción de sus cultivos. Otros hablan de cómo comunidades han
sido perjudicadas a través de la exclusión por decisiones que afectan
a la tierra de la que dependen. En ninguno de los casos se han
respetado los derechos legales de las personas afectadas por el
acaparamiento de tierras. Donde ya se han producido los desalojos el
panorama es desolador: conflictos y pérdida de la seguridad
alimentaria, de los medios de vida, de los hogares y del futuro. La
mayoría de las personas afectadas han recibido una compensación
escasa o nula, y les ha costado mucho volver a reconstruir sus vidas,
a menudo teniendo que hacer frente a unos alquileres más altos,
menos oportunidades de trabajo y mayores riesgos para su salud.
Lamentablemente, estos datos coinciden con los de muchos otros
estudios recientes sobre el acaparamiento de tierras.
Se trata del desarrollo al revés.
Donde hay escasez existe una oportunidad. Muchos gobiernos y
élites de los países en desarrollo están ofreciendo grandes
extensiones de tierra a precios regalados para la agricultura industrial
a gran escala. Este es un pésimo punto de partida para el
cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel
intergubernamental - desde la Iniciativa de L’Aquila sobre Seguridad
Alimentaria hasta el Programa Amplio para el Desarrollo Agrícola en
África (CAADP), que subrayan la importancia de apoyar el papel
esencial que desempeñan los pequeños agricultores, en especial las
mujeres
3 En lugar de recibir este apoyo que necesitan
desesperadamente, los pequeños agricultores y agricultoras corren el
riesgo de verse perjudicados por el tipo de acuerdos sobre tierras
que se analizan en este informe.
Un aumento del interés en la tierra de cultivo debería ser una buena
noticia para los agricultores y agricultoras a pequeña escala, los
pastores y otras personas con derechos sobre la tierra. Sin embargo,
parece que está sucediendo lo contrario. Las personas con derechos
sobre la tierra están siendo perjudicadas frente a las élites locales y a
los inversores nacionales o extranjeros, pues carecen de poder para
hacer valer sus derechos y defender sus intereses eficazmente. Para
mejorar la situación de estas personas, los gobiernos deben
garantizar que las transacciones de tierra no se realicen sin el
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades
afectadas.
Los gobiernos nacionales están obligados a proteger los derechos e
intereses de las comunidades locales y de las personas, pero en los
casos que aquí se presentan no lo han hecho. En su lugar, los
gobiernos parecen haberse alineado con los inversores, atrayéndolos
con precios bajos y otros incentivos, e incluso ayudándolos a vaciar
las tierras de sus pobladores.
4
Incluso en los casos en que están involucrados inversores
internacionales o empresas de adquisición con políticas
responsables, sus decisiones sobre inversiones y adquisiciones no
parecen haber estado orientadas por estándares y normas. Si bien
las comunidades locales podrían presentar recursos por medio de
algún mecanismo de reclamación, éstos se están infrautilizando.
Parece que existen otras iniciativas que retribuyen el acaparamiento
de tierras. En general, la respuesta de la comunidad internacional a
esta oleada devastadora de acaparamiento de tierras ha sido débil.
Los gobiernos de origen y receptores, los inversores y las compañías
de adquisición, la comunidad internacional y grupos de la sociedad
civil, todos tienen un papel que desempeñar. Deben abordar las
violaciones de los derechos humanos a todos los niveles, orientar las
inversiones hacia el interés público y dar respuesta a una de las
tendencias más preocupantes que enfrentan hoy en día las
poblaciones rurales en los países en desarrollo.
Resumen
La inversión internacional desempeña un papel fundamental en el
desarrollo y en la reducción de la pobreza. Si se gestiona de forma
responsable y bajo un marco regulatorio eficaz, puede mejorar los
medios de vida y crear empleo, servicios e infraestructuras. Oxfam lo
ve cada día en su trabajo, y en ocasiones, colabora con algunas
empresas para promover inversiones que beneficien directamente a
las comunidades que sufren la pobreza. Sin embargo, los datos sobre
las inversiones recientes en tierras muestran una realidad muy
diferente. Reflejan que la presión sobre la tierra,, un recurso natural
del que depende la seguridad alimentaria de millones de personas
que viven en la pobreza, va en aumento. Demasiadas inversiones de
este tipo han dado lugar a desposesiones, engaños, violaciones de
los derechos humanos y destrucción de los medios de subsistencia.
Si no se adoptan medidas en los ámbitos nacional e internacional
para defender los derechos de las personas en situación de pobreza,
esta carrera por la tierra que vivimos en estos días podría empeorar
aún más la situación de demasiadas familias que viven en la pobreza,
y que a menudo son expulsadas de sus tierras y apenas tienen
posibilidades de recurrir a la justicia.
Desde 2001, en los países en desarrollo se han vendido o arrendado
hasta 227 millones de hectáreas de tierra (una superficie del tamaño
de Europa Noroccidental), la mayoría a inversores internacionales. El
grueso de estas adquisiciones de tierras se ha producido a lo largo de
los últimos dos años, según una investigación que está llevando a
cabo el Land Matrix Partnership.1
Este reciente aumento en las adquisiciones de tierras se explica por
la crisis del precio de los alimentos en 2007-08, que hizo que
inversores y gobiernos prestasen de nuevo atención a la agricultura
tras décadas de abandono. Pero este interés por la tierra no es algo
pasajero, sino una tendencia impulsada por factores muy poderosos.
Frecuentemente, los acuerdos sobre tierras están enfocados a
producir para los mercados internacionales de alimentos y de
biocombustibles. A muchos se los puede llamar, con acierto,
“acaparamiento de tierras”. Este término se refiere a adquisiciones de
tierra que cumplen que uno o más de los siguientes criterios:
• Violan los derechos humanos, y en particular los derechos de las
mujeres;
• Desatienden el principio de consentimiento libre, previo e informado
de los usuarios de la tierra afectados, en particular de los pueblos
indígenas;
• Ignoran los impactos en las relaciones sociales, económicas y de
género, así como sobre el medio ambiente;
• Evitan contratos transparentes, con compromisos claros y
vinculantes sobre el empleo y la distribución de beneficios;
• Eluden la planificación democrática, la supervisión independiente y
la participación sustantiva.2
3
Este informe revisa en detalle cinco casos de acaparamiento de
tierras en Uganda, Indonesia, Guatemala, Honduras y Sudán del Sur.
El informe trata de comprender el impacto del acaparamiento de
tierras sobre las personas que viven en la pobreza y sus
comunidades, así como identificar los factores subyacentes en las
compañías, las comunidades locales y los gobiernos receptores, y
examinar el papel que desempeñan los inversores internacionales y
los gobiernos de origen.
Algunos casos narran la historia de expulsiones forzosas (y a menudo
violentas) de más de 20.000 personas de sus tierras y hogares, y la
destrucción de sus cultivos. Otros hablan de cómo comunidades han
sido perjudicadas a través de la exclusión por decisiones que afectan
a la tierra de la que dependen. En ninguno de los casos se han
respetado los derechos legales de las personas afectadas por el
acaparamiento de tierras. Donde ya se han producido los desalojos el
panorama es desolador: conflictos y pérdida de la seguridad
alimentaria, de los medios de vida, de los hogares y del futuro. La
mayoría de las personas afectadas han recibido una compensación
escasa o nula, y les ha costado mucho volver a reconstruir sus vidas,
a menudo teniendo que hacer frente a unos alquileres más altos,
menos oportunidades de trabajo y mayores riesgos para su salud.
Lamentablemente, estos datos coinciden con los de muchos otros
estudios recientes sobre el acaparamiento de tierras.
Se trata del desarrollo al revés.
Donde hay escasez existe una oportunidad. Muchos gobiernos y
élites de los países en desarrollo están ofreciendo grandes
extensiones de tierra a precios regalados para la agricultura industrial
a gran escala. Este es un pésimo punto de partida para el
cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel
intergubernamental - desde la Iniciativa de L’Aquila sobre Seguridad
Alimentaria hasta el Programa Amplio para el Desarrollo Agrícola en
África (CAADP), que subrayan la importancia de apoyar el papel
esencial que desempeñan los pequeños agricultores, en especial las
mujeres.3 En lugar de recibir este apoyo que necesitan
desesperadamente, los pequeños agricultores y agricultoras corren el
riesgo de verse perjudicados por el tipo de acuerdos sobre tierras
que se analizan en este informe.
Un aumento del interés en la tierra de cultivo debería ser una buena
noticia para los agricultores y agricultoras a pequeña escala, los
pastores y otras personas con derechos sobre la tierra. Sin embargo,
parece que está sucediendo lo contrario. Las personas con derechos
sobre la tierra están siendo perjudicadas frente a las élites locales y a
los inversores nacionales o extranjeros, pues carecen de poder para
hacer valer sus derechos y defender sus intereses eficazmente. Para
mejorar la situación de estas personas, los gobiernos deben
garantizar que las transacciones de tierra no se realicen sin el
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades
afectadas.
Los gobiernos nacionales están obligados a proteger los derechos e
intereses de las comunidades locales y de las personas, pero en los
casos que aquí se presentan no lo han hecho. En su lugar, los
gobiernos parecen haberse alineado con los inversores, atrayéndolos
con precios bajos y otros incentivos, e incluso ayudándolos a vaciar
las tierras de sus pobladores
4
Incluso en los casos en que están involucrados inversores
internacionales o empresas de adquisición con políticas
responsables, sus decisiones sobre inversiones y adquisiciones no
parecen haber estado orientadas por estándares y normas. Si bien
las comunidades locales podrían presentar recursos por medio de
algún mecanismo de reclamación, éstos se están infrautilizando.
Parece que existen otras iniciativas que retribuyen el acaparamiento
de tierras. En general, la respuesta de la comunidad internacional a
esta oleada devastadora de acaparamiento de tierras ha sido débil.
Los gobiernos de origen y receptores, los inversores y las compañías
de adquisición, la comunidad internacional y grupos de la sociedad
civil, todos tienen un papel que desempeñar. Deben abordar las
violaciones de los derechos humanos a todos los niveles, orientar las
inversiones hacia el interés público y dar respuesta a una de las
tendencias más preocupantes que enfrentan hoy en día las
poblaciones rurales en los países en desarroll
Recomendaciones:
Justicia para los casos que aquí se presentan:
• Las quejas de las comunidades afectadas por los casos aquí
analizados deben resolverse. Deben respetarse los derechos de las
comunidades afectadas por estos acuerdos y atender sus
reclamaciones, y quienes obtienen beneficios con los acuerdos
internacionales deben contribuir a garantizar que esto suceda.
Aquéllos que financian la inversión o adquieren las tierras, así como
las empresas situadas por debajo en la cadena de valor, deben
utilizar su influencia para garantizar que esto sea así.
Gobiernos:
• El equilibrio de poder debe inclinarse a favor de las poblaciones
locales y las comunidades con derechos sobre la tierra. Los
gobiernos deben adoptar estrictos estándares internacionales
sobre la gobernanza de la propiedad de la tierra y la gestión de los
recursos naturales.
Gobiernos que aceptan inversiones:
• Los gobiernos receptores deben respetar y proteger todos los
derechos existentes sobre la tierra y garantizar que se aplique el
principio de consentimiento libre, previo e informado, así como que
las mujeres dispongan de los mismos derechos de acceso y control
sobre la tierra.
Inversores:
• Los inversores deberían respetar todos los derechos existentes
sobre el uso de la tierra. Deberían asegurarse de que en todos los
acuerdos se aplique el principio de consentimiento libre, previo e
informado, así como buscar alternativas a la pérdida de derechos
sobre la tierra por parte de los pequeños productores y productoras
de alimentos. Deberían guiarse por evaluaciones adecuadas del
impacto social y ambiental (incluyendo el uso del agua) y abordar
los asuntos relacionados con la seguridad alimentaria.
5
Entidades financieras y compradoras
• Las entidades financieras y compradoras deberían asumir su total
responsabilidad en la cadena de suministro. Deberían exigir a todas
las operaciones agrícolas que financian o utilizan como proveedores
que respeten los principios mencionados anteriormente y corregir
los problemas existentes.
Gobiernos de los países de origen
• Los gobiernos de los países de origen deberían exigir a las
compañías que invierten en el extranjero lo siguiente: hacer públicas
todas sus actividades y garantizar que se apliquen estándares y
salvaguardas para proteger a los pequeños productores y
productoras de alimentos y a las poblaciones locales, incluyendo en
los proyectos financiados por organizaciones financieras de
desarrollo como la rama de préstamos privados del Banco Mundial,
la Corporación Financiera Internacional. Deberían eliminar de la
legislación nacional las medidas que fomentan las adquisiciones de
tierra a gran escala imprudentes, entre ellas los mandatos sobre
biocombustibles, evitando además introducir nuevas medidas de
este tipo.
Ciudadanía:
• La ciudadanía puede exigir responsabilidades a los inversores y
empresas a través de las urnas, y de sus decisiones de consumo,
así como con sus fondos de pensiones e inversiones.
• Las organizaciones de la sociedad civil, junto con los medios de
comunicación y los institutos de investigación, pueden hacer uso de
los mecanismos de rendición de cuentas, mostrar las malas
prácticas, reconocer las buenas prácticas y contribuir a una mayor
transparencia.
151 Informe de Oxfam - Resumen 22 de septiembre de 2011