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Las revueltas árabes
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- Publicado el Viernes, 29 Abril 2011 18:41
El mundo occidental ha mirado con asombro la revuelta en los países árabes, la juventud y la población sin miedo pidiendo libertad, derechos fundamentales y democracia. Las revueltas han hecho también que se hable del porvenir en los países en los que los regímenes han caído, y sus consecuencias para el mundo entero. Lo que ha sobresalido más claramente es la incoherencia de los políticos en la mayor parte de los gobiernos del exterior. Mientras que se defiende la democracia con palabras, se trata con los regímenes corruptos y dictatoriales, y lo que es peor, se les vende armas en cantidad, armas sofisticadas que sirven actualmente para atacar a la población y que causan muerte y sufrimiento. Y ahora, estos gobiernos y estas industrias de defensa dicen que se sienten inquietos sobre el impacto de estas armas.
En este artículo vamos a presentar el espíritu de las revueltas de los países árabes, las causas fundamentales que llevaron a estas revueltas y las posibilidades de un futuro mejor. La venta de armas a estos países conlleva actualmente consecuencias trágicas para las personas que están participando en las revueltas y para la población en general, como es el caso de Libia. Presentamos las cantidades gastadas por los países árabes en armas, y los países exportadores que se han beneficiado de este comercio, para acabar con la débil respuesta y el no menos débil apoyo de lo que se llama “comunidad internacional”.
1, Un tsunami recorre los países árabes
La ola de agitación civil contra las dictaduras en el mundo árabe es como una bomba de racimo que ha explotado en estos millones de protestas estruendosas, rebasando a la policía estatal y a los militares, y consiguiendo desplazar a los dictadores-presidentes tunecino y egipcio que les gobernaban. Una nueva generación desilusionada ha tomado la iniciativa para vivir una democracia real. Todas las capas sociales se han unido en los levantamientos que se han extendido hacia numerosas ciudades y países: Yemen, Libia, Bahrein, y en menor proporción Jordania, Siria, Marruecos, Irán… originando numerosos muertos y heridos.
Las nuevas redes sociales de Internet, como Facebook, Twiter y otras, han jugado un rol decisivo, ofreciendo a los jóvenes y adultos un especio para hablar, organizar, hacer circular información e impedir toda tentativa de cerrar los foros políticos públicos. Para muchos de esta joven generación, los medios sociales juegan el rol de conexión e información que la generación precedente no podía encontrar más que en la mezquita.
En Túnez y en Egipto, tras haber atacado a los manifestantes y haber asesinado a un buen número de ellos, la policía se esfumó. El ejército rehusó disparar sobre los civiles y se puso de su parte, manteniendo el orden público y protegiendo las propiedades estatales y la propiedad privada. En ambos casos, se hizo evidente que el ejército no permitiría la brutalidad de la policía ni la anarquía de las multitudes. En Bahrein, el ejército atacó al principio a los manifestantes, y luego desapareció, probablemente bajo la presión de los EEUU.
2. La situación antes de las revueltas
A medida que los regímenes se prolongaban, su legitimidad declinaba y el poder de los dictadores árabes se basaba cada vez más en un estado policial fuerte que anulaba toda disensión política. El ejército, aunque muy influyente ya que la mayoría de los dirigentes políticos surgían de sus filas, estaba neutralizado políticamente. Los regímenes se apoyaban en las fuerzas de seguridad que habían llegado a ser ilegales, siendo su única finalidad mantener el régimen.
En esta situación, el único espacio que podía escapar a la policía era la mezquita. En consecuencia, en los últimos decenios las mezquitas se convirtieron en centros de activismo político. El debilitamiento del islamismo ha abierto el espacio a los movimientos democráticos. Según parece claro en las revueltas, la voluntad de los manifestantes es separar las convicciones religiosas personales de las exigencias políticas colectivas. Si esta tendencia laica continua, podía marcar un cambio de sentido para los movimientos islamistas que durante casi tres decenios han dominado la oposición al orden árabe establecido y a la dominación extranjera. Sea cual sea el resultado de las revueltas, revelan el cambio irrevocable del paisaje político y religioso, y cómo su impacto político y cultural va a durar.
Las revueltas ponen en cuestión muchos supuestos sobre los musulmanes. La demanda de democracia por parte de los pueblos árabes acaba con la convicción de que la democracia no es apropiada para la cultura árabe. Las demandas del pueblo muestran el falso principio de que los países árabes se oponen al secularismo, y que todo cambio político en las naciones en las que los musulmanes son mayoría serviría de plataforma a los islamistas.
3. El motivo de las revueltas
El paro y la subida de precios de la comida han sido el desencadenante para las revueltas de Túnez. En Egipto, la negativa de Mubarak a obedecer la decisión de los tribunales, en noviembre 2010, de elevar el salario mínimo de 70 a 207 dólares/mes, ha llevado a las protestas de los sindicatos y a las manifestaciones de trabajadores y activistas.
Las políticas neoliberales han transformado la economía de los estados árabes en los últimos años. Son el resultado del crecimiento económico, pero hay también más paro, bajos salarios y una brecha creciente entre ricos y pobres. Estas reformas han alimentado un gran resentimiento en las clases medias e inferiores. La corrupción del régimen y las enormes fortunas acumuladas por los dictadores han contribuido al empobrecimiento de la población. Muchos países árabes han diversificado su economía, pero dependen mucho de ingresos concretos: transferencias de fondos de los emigrantes, exportación de petróleo y gas natural, ingresos del turismo, privatizaciones. Las respuestas brutales de algunos dirigentes ante las revueltas muestra la desesperación con la que los ancianos tiranos se aferran al poder.
4. El porvenir
Lo que ocurra en la región en los meses y años próximos será vital para el mundo. Lo que importa no es sólo la organización de elecciones parlamentarias y presidenciales libres y honestas, sino también el contar con unas Constituciones justas, unas instituciones democráticas y un sistema de seguridad (policía y ejército) subordinados al estado. Las revueltas han transformado el paisaje político del mundo árabe de forma irreversible.
Las potencias extranjeras están fuertemente implicadas en la región árabe. Los EEUU son los principales, seguidos por Irán. Otros: Turquía, Francia, Reino Unido, Rusia y China, son menos importantes, aunque por supuesto haya que contar con ellos. Su excusa para apoyar a las dictadores y tratar a regímenes corrompidos es siempre ”la búsqueda de la estabilidad” en la región, incluso si se logra al precio de la libertad y de los derechos humanos fundamentales de la población.
5. La respuesta de los gobiernos extranjeros
La posición de las potencias extranjeras ante las revueltas ha evolucionado, pero las dudas persisten en la población del Magreb y Oriente Medio. Los EEUU han intentado posicionarse del lado del vencedor, y han vacilado mucho antes de ponerse del lado de los contestatarios, en la caso de Egipto. Aunque recientemente hayan pedido más democracia, ausencia de violencia y negociaciones. Presionan al régimen para que limite su respuesta y escuche algunas demandas de los manifestantes. En Bahrein, Los EEUU no están dispuestos a abandonar a un régimen que apoya la política de los EEUU, y permite la presencia de la 5ª flota en sus aguas. Un gobierno chiíta no permitiría ciertamente esta presencia. Arabia Saudí, otro régimen represivo, goza del apoyo incondicional de los EEUU. La última venta de armas, la mayor transacción de armas jamás efectuada, confirma esto.
Incluso ante la cruda realidad de los ataques de Gadafi a su pueblo, la ONU ha tenido dificultades para pasar a una acción firme, establecer una zona de exclusión aérea y frenar así los bombardeo aéreos sobre civiles.
Las armas vendidas matan en los países árabes
Begoña Iñarra
1. Las armas matan y su comercio no entra en la categoría de “asuntos ordinarios”.
En la mayor parte de los países árabes en los que han tenido lugar las revueltas, las fuerzas de seguridad han atacado los manifestantes desarmados, matando a muchos e hiriendo a muchísimos. En Libia, aviones militares y tanques han servido para bombardear a civiles. La televisión nos ha mostrado a las fuerzas de seguridad y a civiles que usaban fusiles belgas. ¿De dónde vienen estas armas utilizadas por los gobiernos para atacar, matar y herir a manifestantes pacíficos?
Muchos países que se autotitulan “defensores de la democracia”, no solamente han apoyado estos regímenes dictatoriales, sino que han hecho negocios con ellos y les han vendido cantidad de armas. La separación entre ética y valores por un lado, y los intereses económicos y políticos por otro, es una de las principales incoherencias de estos países. Cuando los dos lados entran en conflicto, en la mayoría de los casos los intereses comerciales y políticos prevalecen sobre las normas éticas. Esto es aún más grave y escandaloso en el caso de la venta de armas. Los negocios y el empleo son muy importantes en los países productores de armas, pero la ética sigue siendo significativa para muchos de sus ciudadanos.
Los gobiernos son responsables de la venta de armas. Para exportar legalmente armas, bienes y servicios vinculados con la defensa, desde un país A, a otro país B, la sociedad exportadora necesita una licencia de exportación del gobierno del país exportador A. El organismo gubernamental responsable de emitir una licencia de exportación de armas, decide si el país B satisface una serie de medidas de seguridad. Hay que considerar lo que las fuerzas de seguridad pueden hacer con las armas. En algunos casos, se añade a los contratos una serie de “condiciones”, pero en realidad, una vez que las armas están en el país, el vendedor no tiene medios para controlar su uso o su destino.
El gobierno francés sigue autorizando exportaciones hacia Túnez de efectos militares utilizados para mantener el orden público, explosivos, sobre todo granadas, incluso después de las revueltas. Pero a principios de febrero, Francia suspendió la venta de armas y equipos antidisturbios a Egipto.
1.1 Importación de armas en los estados árabes
En el momento de las protestas, revueltas o revoluciones, la policía y el ejército han tenido un papel importante, tanto luchando contra los manifestantes como defendiendo a la población. La policía ha atacado en Túnez y en Egipto, mientras que el ejército parece haber tomado partido por el pueblo. En otros países la policía y el ejército han sido utilizados para combatir la revuelta, con consecuencias dramáticas y gran número de muertos y heridos.
Aunque en los últimos años el peligro de una guerra entre vecinos haya disminuido en el norte de África, los países de esta región son excelentes clientes para los fabricantes de armas. Durante el periodo 2005 a 2009, Argelia, Marruecos, Libia, y en menor medida Egipto y Túnez, han sido los mayores importadores de armas en África, con Argelia a la cabeza. Cada uno sabía lo que Gadafi había hecho en el pasado y podría repetir en el futuro. Pero desde 2003, cuando se “reintegró” en la comunidad internacional, a causa del petróleo libio y de los negocios en torno a ello muchos gobiernos decidieron tener tratos con Gadafi y concedieron licencias de exportación para armas destinadas a Libia.
1.1.1.Libia, un gran mercado de armas
Libia domina el Magreb en términos de número de armas, pero carece de capacidad militar significativa a causa de sus efectivos activos limitados, formación insuficiente, poca competencia técnica, débil sistema de apoyo y pocas infraestructuras, y tiene una base de movilización mal organizada. Esto explica que Libia emplee mercenarios.
ARMAS COMPRADAS POR LIBIA
PROVEEDORES
MILLONES DE EUROS
Alemania
43,2
Bélgica
22,4
Bulgaria
3,7
Estados Unidos
70
Francia
185,5
Italia
191,3
Malta
79,7
Portugal
19,1
Reino Unido
20,7
TOTAL
635,6
Hoy, ante el uso de las armas contra la población Libia, la mayor parte de los gobiernos exportadores ponen cara de buenos, pero los hechos cantan.
Aunque según el informe del SIPRI Libia sólo haya gastado 17 millones $ entre 2005 y 2009, el gasto ha sido mucho mayor. (En el informe, Francia, 1 millón, Italia, 16 millones, con Italia vendiendo 6 helicópteros y Francia firmando un contrato para revisar los aviones de combate Mirage)
Según el informe de 2009 de la UE sobre exportaciones de armas, sólo en 2009 varios países de la UE han concedido licencias para Libia por valor de 687,6 millones de Euros. Italia concedió licencias para aviación militar, incluidos aviones de combate y equipamiento asociado. Francia vendió 100 misiles anticarro, Portugal dio permiso para drones (misiles teledirigidos). Malta envió al régimen armas ligeras. Bélgica vendió fusiles y productos químicos “antipersona” para reprimir motines. Italia vendió 6 helicópteros ligeros y detonadores de bombas (incluso para adaptar a vehículos improvisados). Alemania procuró aparatos electrónicos de fines militares.
Las armas y municiones entregadas por Bélgica a Libia en 2009 provenían de Valonia y Flandes. Las de la fábrica nacional de Herstal en Valonia costaron 11,5 millones y consistían en centenares de fusiles de asalto, fusiles submarinos, pistolas, metralletas ligeras, granadas para fusil, fusiles de aire comprimido que pueden usarse para frenar personas o grupos hostiles desarmados, y miles de millones de series de munición entre otras cosas. Estas armas fueron entregadas al ejército y a las fuerzas de seguridad. Flandes vendió material muy sofisticado.
Estados Unidos vendieron 8 aviones Hércules por valor de 70 millones. Rumanía vendió a Gadafi 100.000 kalashnikovs en 2009.
En 2009, Rusia vendió 96 misiles anti- barco por 100 millones de $, y en enero 2010 Moscú concluyó una transacción con Libia para venderle armas rusas por valor de mil ochocientos millones $. Más de mil millones de la transacción correspondían a aviones de combate SU-35,SU-30 y Yak-130. La transacción incluía también dos divisiones de sistemas de defensa aérea y muchas docenas de tanques rusos para modernizar los antiguos tanques libios. Y otras armas.
Incluso Sudáfrica proveyó a Libia, a finales de 2010, de más de 100 fusiles para tiradores de elite, y más de 60.000 series de municiones de 40 mm, múltiples lanzagranadas, aviones Hércules C130 y transportes de tropas blindados.
Libia fue uno de los 53 países invitados por la sociedad de armamento BAE-UK (armamento aeroespacial) al salón mundial DESi más importante en materia de defensa y seguridad, en 2009, en Londres. En 2005, BAE-UK obtuvo varios gastos militares de Libia, previstos para elevarse a 730 millones $ en 2010.
El cuadro de la página 7 representa los gastos en armas de los países árabes, y qué países las proveen, así como el total de gastos y licencias de exportación.
1.2 Un cierto control ejercido por los países occidentales.
Tras la dura respuesta de Gadafi a las protestas, la mayor parte de los gobiernos han decidido una revisión inmediata de las licencias de exportación, por la “preocupación” de que sean utilizadas por el régimen de Gadafi para luchar contra los rebeldes.
En respuesta a las quejas de las ONG por la venta de armas a Libia, Bélgica ha revocado una licencia a Herstal para aprovisionar de armas ligeras a Libia por valor de 11,5 millones de €, que incluían 367 fusiles, 367 pistolas “de lujo” y 22.000 granadas para las fuerzas de elite de Gadafi y la policía.
En febrero 2010, el Reino Unido revocó una serie de licencias de exportación para Libia y Bahrein, para gases lacrimógenos y componentes de fusil, vista la violencia en ambos países. Ya en 2008, el Reino Unido había bloqueado el envío por York-Guns de 130.000 kalashnikovs a Libia, temiendo que estas armas fueran revendidas a los señores de la guerra de Sudán.
Si embargo, pese a estas decisiones tardías, la venta de armas figura siempre en la agenda de la mayoría de los gobiernos, incluso si se trata de vender a países problemáticos. El Reino Unido y EEUU han sido los primeros en acercarse a los nuevos gobiernos, pero su interés suscita interrogantes… David Cameron, el Primer Ministro del R.U. , en su reciente visita al Oriente Medio, iba acompañado de 20 hombres de negocios, 8 de ellos fabricantes de armas, sociedades de defensa y del espacio aéreo (BAE, Thales y otra)s. El hecho de que el Reino Unido esté dispuesto a continuar vendiendo armas a estados no democráticos del Golfo, pese al grito de las poblaciones árabes por la democracia y los derechos humanos, muestra que el Reino Unido se preocupa más de sus negocios que de los derechos humanos. La razón que da Cameron de que el equipamiento es “para defender las fronteras de los países” ya no tiene validez hoy.
2. La respuesta de gobiernos exteriores
La posición de las potencias extranjeras ante las revueltas ha evolucionado, pero las dudas persisten en la población del Magreb y Oriente Medio. Los EEUU han intentado posicionarse del lado del vencedor, y han vacilado mucho antes de ponerse del lado de los contestatarios, en la caso de Egipto. Aunque recientemente hayan pedido más democracia, ausencia de violencia y negociaciones. Presionan al régimen para que limite su respuesta y escuche algunas demandas de los manifestantes. En Bahrein, Los EEUU no están dispuestos a abandonar a un régimen que apoya la política de los EEUU, y permite la presencia de la 5ª flota en sus aguas. Un gobierno chiíta no permitiría ciertamente esta presencia. Arabia Saudí, otro régimen represivo, goza del apoyo incondicional de los EEUU. La última venta de armas, la mayor transacción de armas jamás efectuada, confirma esto.
El régimen iraní, que ha respondido con violencia a las protestas pacíficas, ve estas protestas con suspicacia, no sólo porque es un estado no árabe y un estado policial, sino también porque es un estado chiíta. Muchos analistas piensan que Irán está detrás de las revueltas de chiítas en Bahrein.
En Turquía, un aliado de los EEUU, gobernada actualmente por un régimen elegido por el pueblo, apoya las revueltas un movimiento islamista que no impone la sharia a la población entera, pero que intenta hacer reconocer la observancia islámica.
Incluso ante la cruda realidad de los ataques de Gadafi a su pueblo, la ONU tuvo dificultades para pasar a una acción firme, establecer una zona de exclusión aérea y frenar los bombardeos aéreos de civiles.
LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS
Thomas Lazzeri & Carleigh Rixon
¿Cómo es posible que un país tan rico en recursos como la RD Congo pueda estar destrozado por conflictos sociales, políticos y económicos? Dotado de cantidades inmensas de diamantes, oro, cobre, cobalto, coltán y estaño, la RD Congo se enfrenta a lo que hoy se conoce como “la maldición de los recursos” .
Según la “maldición de los recursos”, los países que dependen de estos recursos están sujetos a las siguientes maldiciones: aumento de la corrupción, probabilidades mayores de tener un gobierno dictatorial, riesgo más elevado de guerra civil. Con un exceso de riqueza proveniente de un sector de la industria, el estado falla en promover otras partes de la economía. El no contar más que con los ingresos derivados de las extracciones de los recursos lleva al riesgo para la nación de ser “un estado rentista”. Es un país en el que las elites compran el apoyo en vez de invertir en un buen resultado económico. Con los ingresos por los recursos en rápido crecimiento, las sociedades multinacionales se alinean cada vez más con el gobierno.
La extracción de los recursos y la distribución de los ingresos atraen toda la atención por lo que se olvida el desarrollo institucional. La sociedad comienza a apreciar el derecho de propiedad más que la representación, debilitando los vínculos del estado con la democracia. Cada uno quiere su parte en la prosperidad. Las agendas económicas juegan un rol central en la creación de los conflictos violentos. La guerra civil es mucho más probable en un estado rico en recursos.
La explotación minera financia los grupos armados.
Las Naciones Unidas estiman que en numerosos sitios de las provincias del Norte y del Sur de Kibu, en RD Congo, los grupos armados controlan el comercio de los minerales. El control de las minas es la principal fuente de ingresos de los señores de la guerra, y a menudo la única razón que les mantiene en acción. El 2002, por ejemplo, las Naciones Unidas estimaban que ninguna cantidad de coltán dejaba el este de la RD Congo sin dejar un provecho, tanto a los grupos rebeldes como a los ejércitos extranjeros. Se cree que las Fuerzas democráticas para la liberación de Ruanda, (FDLR) recogen cada año millones de dólares del comercio ilegal de minerales en la RD Congo oriental. Mientras que este comercio les resulte rentable, esos grupos rebeldes no tienen ningún interés en que termine el conflicto armado.
Pese a esta evidencia, muchas empresas occidentales siguen comprando los minerales de estas regiones. Por ejemplo, la empresa británica de comercio de minerales AFRIMEX y su filial congolesa Kotecha, pagan tasas a los grupos rebeldes para poder seguir exportando coltán del sur de Kibu, apoyando así las actividades militares. AngloGold Asanti extraía oro en Mongbwalu que estaba bajo el control de un grupo armado llamado Frente de los Nacionalistas e Integracionistas (FNI). De hecho AngloGold ha pedido permiso a FNI para comenzar la extracción de oro. AngloGold pagaba una tasa a FNI por cada kilo de oro enviado fuera de Maonbwalu, y les daba además asistencia logística y transporte, permitiéndoles incluso utilizar los vehículos 4x4 de la empresa.
El proyecto de explotación minera Tenke Fungurume (TFM) en Katanga- Un ejemplo de corrupción y de guerra civil.
Tenke Fungurume, en el sur de Kananga, era uno de los mayores depósitos intocados de cobre y cobalto del mundo. En 1996, se concedieron los derechos de explotación a la sociedad sueca Lundin Holding. Graves problemas de transparencia y corrupción acompañaron la firma del contrato.
Las negociaciones para el contrato tuvieron lugar en el mayor de los secretos. El propietario de la empresa, Adolf Lundin, ofreció a Mobutu, entonces presidente, financiar su próxima campaña electoral. El resultado final fue una transacción injusta que favorecía a Lundin y lesionaba los intereses congoleños. En mayo 1997 Mobutu fue derrocado y reemplazado por Laurent Desiré Kabila. Poco después, Lundin Holding hizo el pago de 50 millones de dólares como depósito previo al contrato, pero la mitad de ese dinero fue transferido a las cuentas de una sociedad de la que Kabila era propietario parcial.
En 1999, Lundin congeló sus actividades a causa de la guerra civil en el Congo. En 2005, se firmó un nuevo contrato con el gobierno provisional. Una vez más, las negociaciones para el contrato fueron secretas. Se estaba haciendo una evaluación externa independiente de los contratos de explotación minera existentes cuando se firmó el nuevo contrato, pero no se esperó a sus conclusiones. Según diversos analistas, los términos del acuerdo de 2005 eran aún más favorables a Lundin que los del acuerdo de 1996.
En 2007, una comisión independiente establecida por el ministerio congolés de minas concluyó que el contrato debía ser renegociado. Sin embargo el proyecto de explotación minera se continuó como estaba previsto y las extracciones comenzaron en 2009. En Octubre 2010, se terminaron las renegociaciones, con algunas concesiones de parte del inversor a favor del gobierno congolés, y dejando intactos, por ejemplo, los términos fiscales del contrato original.
Extracción petrolera en el Delta del Níger
La RD Congo no es la única en sufrir la maldición de los recursos. Otro ejemplo es Nigeria. Siguiendo las normas militares en 1996, el gobierno federal obtuvo el control del sector petrolero nigeriano. La explotación comercial del petróleo había comenzado en 1956 con una estructura institucional que favorecía a los tres grupos mayoritarios del país. Los resultados del desarrollo quedaron comprometidos y el gobierno fue minado por el aumento de nuevas unidades provinciales en el estado.
Las gentes que vivía en el delta del Níger, una minoría étnica, comenzaron a sentirse excluidos del proceso de gobernabilidad, a causa de la falta de transparencia. Los temas de derechos de propiedad de la tierra, de la degradación del medioambiente, la falta de compensaciones y la pérdida de medios de subsistencia son hoy, sin excepción, problemas importantes. La violencia se convirtió en un problema mayor cuando una ola de movilizaciones juveniles, gamberros locales, fueron armados con objetivos electoralistas. La violencia fue también la respuesta de las empresas petroleras y del gobierno nigeriano, hostil a las quejas legítimas. Cuando la población local sufría las consecuencias negativas de la extracción del petróleo- al menos 400.000 toneladas de petróleo se extendieron por el suelo del delta en los últimos decenios), nadie ha visto la riqueza generada por el petróleo; en 1980 el 28% de la población vivía bajo el umbral de pobreza, en 2000 el número había subido al 60 %.
La falta de control de los recursos en la región del delta del Níger ha llegado a un punto muerto. En octubre 2009, unidos al movimiento por la emancipación del delta del Níger, los dirigentes militares aceptaron la oferta de amnistía del presidente nigeriano Ya’ardua. La región sigue estando en un equilibrio muy frágil. El conflicto violento es el resultado de los resentimientos acumulados en relación con el control de los recursos.
Conclusión
La maldición de los recursos se ha producido en muchos países ricos en recursos, como la RD Congo o Nigeria, y ha sido alimentada por una mezcolanza mortífera entre las autoridades corrompidas e incompetentes, los grupos rebeldes interesados en tener su parte de los ingresos generados por los recursos naturales, y las empresas occidentales que, sin escrúpulos, hacen transacciones con ambos lados para asegurarse el acceso a esos preciosos recursos, sin importarles nada el impacto de sus acciones sobre la población local. Es preciso un cambio de actitud por parte de esos tres actores para poner fin a la maldición. Una forma importante en la que los países occidentales pudieran contribuir sería pedir a las empresas que rindan cuentas de las consecuencias de sus acciones. El “Dodd-Frank Act” (que pide a las multinacionales que cotizan en Wall Street que divulguen sus pagos a los gobiernos extranjeros y a los compradores de minerales provenientes de zonas en conflicto), es un primer paso importante en la buena dirección, pero hacen falta otros pasos, incluida una legislación que permita a los tribunales europeos pedir cuentas a las empresas de los crímenes cometidos en África.
La Iglesia denuncia el acaparamiento ilegítimo de tierras
C. Fouarge
El término “acaparamiento de tierras” designa la transferencia masiva de tierras de comunidades locales (esto es.: de pequeños agricultores y agricultura familiar, pastores, pescadores y grupos autóctonos) hacia un individuo y/o empresas de interese locales y extranjeros.
En África, desde 2006, cerca de 30 millones de hectáreas de tierra han sido adquiridas por inversores para proyectos superiores a 1.000 hectáreas, a los que se añaden las adquisiciones a menor escala, a menudo por parte de “los nuevos ricos” del país. Estas adquisiciones de tierras cultivables y de zonas forestales (con acceso al agua) tiene por fin esencialmente la producción de agrocarburantes y otros cultivos de exportación, la extracción de los recursos naturales y al extensión de zonas turísticas o urbanas, pero también la especulación financiera y la obtención de capitales vía mercado del carbono. Un informe publicado en febrero 2011 por IIED( Instituto Internacional para el Medioambiente y el Desarrollo) revela que los 12 contratos de adquisición de tierras estudiados no son para ganancia en ambas partes, la gente no tiene derecho a las tierras ni controla las decisiones que les afectan.
1. Organizaciones católicas analizan el acaparamiento de tierras en África
Unos cincuenta miembros de la iglesia, religiosos y representantes de organizaciones católicas de desarrollo y otras redes (agricultores, derechos humanos) se han reunido durante tres días para analizar el fenómeno y programar posibles redes para luchar contra este flagelo. Estaban invitados también expertos de América Latina y de Asia para comparar el fenómeno entre continentes. (“EL acaparamiento de tierras en África-Peligros y desafíos” en Mbour, cerca de Dakar, 6-9 febrero 2011: http://www.aefjn.org/index.php/resources.html )
Han puesto en evidencia que existe una confrontación entre dos conceptos de tierra: « Mercancía para hacer beneficios » y “territorio como medio de vida », generando conflictos que son a la vez jurídicos, sociales, económicos y medioambientales. También ha quedado claro que muchas adquisiciones legales no son legítimas. De hecho, la mayoría de ellas han pasado por alto los derechos ancestrales, la realidad y las necesidades de las comunidades locales, sin información ni concierto con ellas, con abuso de poder por parte de las autoridades, de las personas influyentes y de las compañías extranjeras, con ausencia o insuficiencia de compensación para los afectados, con destrucción de la biodiversidad y del ecosistema (a menudo de forma irreversibles), y en fin, entrando en competición por el agua.
Todas estas prácticas violan el derecho a la alimentación y los derechos económicos, sociales y culturales de los usuarios de la tierra. En efecto, el acceso a la tierra va vinculado al derecho a alimentación suficiente, a la que el estado tiene la obligación de 1) respetar, 2) proteger contra todo atentado por parte de terceros, 3) esforzarse por reforzar el acceso y la utilización por los pueblos de los recursos y de los medios para asegurar su subsistencia. Las funciones culturales y sociales de la tierra quedan afectadas también: lugares de culto y enterramientos, heredad común, lugar de habitación y de infraestructuras sociales y culturales. Estas funciones particularmente presentes en África quedan registradas en el documento de la Unión Africana “Cuadro y líneas Directrices de la Política Territorial en África”. El problema radica en que esos derechos no surgen de un órgano de sanción en caso de no ser respetados, como ocurriría si fuera la Organización Mundial del Comercio. La base legal, aunque ilegítima, del acaparamiento de tierras que se ha acelerado y acrecentado en estos últimos años ha sido preparada desde hace 10-15 años por los cuadro jurídicos puestos en acción bajo la presión del Banco Mundial. Ejemplo: la apertura de fronteras. Se precisa un conjunto de leyes coherentes que protejan a los ciudadanos de la desposesión de su territorio y de los recursos que contiene.
Los derechos consuetudinales o tradicionales han coexistido con el derecho “moderno” heredado de las colonias e inscrito en las Constituciones de los países. Y es porque responden a un modo de funcionamiento social: la gestión colectiva de una misma tierra que es utilizada por muchos actores teniendo los derechos de diferentes usos: Cultivo, caza, recolección de productos naturales. Los títulos de propiedad no permiten tal gestión. Por eso los participantes en el taller de M`bour piden a los gobiernos que garanticen el reconocimiento legal y la protección de los derechos tradicionales de la población relativos a la tierra y a los recursos naturales.
Leer la declaración completa en: http://www.aefjn.org/index.php/souverainete-alimentaire/articles/aefjn-au-fsm-2011-accaparement-des-terres.html
¿Hacia un África sin malaria?
Begoña Iñarra
1. La malaria en África
La malaria es una enfermedad infecciosa propagada por mosquitos, que amenaza a 3mil 300 millones de personas en 190 países, más de la mitad de la población mundial. Cada año hay más de 225 millones de casos de malaria, de los que casi un millón son mortales, el 90% de ellos en el África sub-sahariana donde los niños y las mujeres embarazadas son las principales víctimas. Los supervivientes pueden sufrir daños cerebrales. La malaria tiene un coste elevado en vidas humanas, en horas de trabajo y en desarrollo económico. La mayor parte de la gente que busca un tratamiento para la fiebre lo compra a farmacéuticos locales o en puestos callejeros, más que en clínicas u hospitales del gobierno.
África sigue siendo la región del mundo que carga con el peso mayor de casos de malaria y defunciones. 50 países africanos tienen regiones en las que reina la malaria, pero es en 30 países en donde se sitúan el 95 % del número total de muertos por malaria, y el 96 % de todos los casos de malaria en el mundo.( Nigeria, RD Congo, Uganda, Etiopía, Tanzania, Sudán, Níger, Kenya, Burkina Faso, Ghana, Mali,Camerún, Angola, Costa de Marfil, Mozambique, Chad, Guinea, Zambia, Malawi, Benin, Senegal, Siera Leona, Burundi, Togo, Liberia, Ruanda, Congo, República Centroafricana, Somalia y Guinea Bissau).
En el África subsahariana, se produjeron alrededor de 365 millones de casos en 2002, y 963.000 fallecimientos en 2000. La muerte de un niño de cada cinco se debe también a la malaria. Además, la malaria contraída durante el tiempo de gestación contribuye en gran manera a la anemia maternal, a nacimientos prematuros y a un peso escaso al nacer, lo que conlleva una mortalidad infantil creciente. La infección grave de la madre por la malaria contribuye significativamente a los fallecimientos maternales en el África subsahariana, mientras que los países del norte de África apenas tienen casos de malaria importados, y no tienen fallecimientos.
El tratamiento médico medio puede costar entre 6 y 10 $ en muchos países africanos, cuando el 60 % de los africanos ganan menos de 2 $ diarios. Cuando estas personas deben pagar por el tratamiento, la mayoría no pueden permitírselo, así que no tiene acceso al tratamiento.
Muchos factores han hecho difícil el control de la malaria y han provocado aumentos sustanciales de la malaria en el continente durante los años 1980 y 1990. El primero fue la extensión de la resistencia del P. falciparum a la cloroquina, que era el medicamento antipalúdico más comúnmente utilizado. Esto se ha resuelto cambiando el tratamiento a terapias combinadas a base de artemisina (ACT) en la mayoría de los países africanos sub-saharianos. En segundo lugar, el débil desarrollo socio- económico, la pobreza, la calidad mediocre del alojamiento y el acceso limitado a los cuidados de la salud limitan la eficacia de las estrategias de control de la malaria. A nivel nacional, los recursos financieros limitados para el control de la malaria han llevado a un control fragmentario, limitado en extensión y en las poblaciones atendidas. El peso social y sanitario de la pandemia VIH/Sida y las numerosas crisis humanitarias de los últimos decenios han contribuido a la dificultad para controlar la malaria.
2. Nuevas posibilidades de combatir la malaria
En los últimos años, las posibilidades de combatir y restringir la malaria han aumentado. El Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y el paludismo ha ofrecido tratamientos gratuitos de malaria a muchos países en África, y actualmente orienta una parte importante de su ayuda al refuerzo de los sistemas nacionales de salud, un factor importante en la lucha contra la malaria.
La eficacia de nuevos tratamientos, el uso de combinaciones de medicamentos conteniendo artemisina: combinaciones terapéuticas llamadas ACT (Artemisina Compounds Terapia), en las que la artemisina. una planta que mata rápidamente los parásitos plasmodium que causan la malaria, se ha combinado con otros medicamentos antipalúdicos, ha disminuido el número de infecciones. La malaria aguda se trata con quinina intravenosa o intramuscular, y cada vez más, con artesunato, un derivado de la artemisina que es superior a a quinina en niños y adultos. Recientemente en el Sudeste de Asia ha aparecido una nueva variedad de malaria resistente a la artemisina. Los científicos creen que los medicamentos falsificados y de bajo standard contra la malaria son un factor mayor en el desarrollo de nuevas cepas resistentes al medicamento. La historia muestra que una vez que emerge la resistencia a un tratamiento antipalúdico, es sólo cuestión de tiempo que se extienda.
El desarrollo de tests rápidos, capaces de diagnosticar la malaria en 15 minutos, ayuda a la eficacia del tratamiento.
El reclutamiento y la formación de trabajadores de la salud en las aldeas, equipados con tests rápidos de diagnóstico, es un aspecto importante para llevar la lucha contra la malaria al nivel de las aldeas. El acceso a mosquiteros impregnados de insecticida de larga duración ha protegido a los niños mientras duermen, la hora en la que los mosquitos son más activos. El uso de insecticidas para pulverizar en el interior, y los pulverizadores son otros medios de combatir la malaria.
La intervención de Salud Mundial para combatir la malaria ha tenido un efecto positivo en África, y el número de infecciones ha disminuido desde 2008. Según un informe de 2010 de la OMS, el número de fallecimientos debidos a la malaria en el continente ha bajado del millón a 781.000 personas.
Hoy hay instrumentos eficaces para tratar la malaria, pero sólo tiene acceso un número limitado de personas. Muchas mujeres embarazadas y sobre todo niños no obtienen frecuentemente el tratamiento que necesitan. Las dos barreras principales son el coste de los tests y el tratamiento, y la dificultad para acceder a los centros de salud.
3. Hacia un mundo sin malaria
En los últimos años ha habido un movimiento importante en la lucha contra la malaria. El coste de su eliminación se estima entre 5.330 millones $ en 2009, 6.200 millones en 2010 y 5.001 de 2011 a 2020, pero el coste real de la malaria en vidas humanas y para la economía es mucho mayor.
En 1998, para alcanzar la meta de las Naciones Unidas para 2015: poner fin a las muertes por malaria y hacer retroceder la enfermedad de manera espectacular en África, las Naciones Unidas en partenariado con la OMS, UNICEF, la Banca Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, han lanzado la iniciativa “Malaria paso atrás”, y el decenio 2001-2010 para hacer retroceder la malaria en África.
Un cierto número de organizaciones médicas y ONG se han unido a los esfuerzos de las Naciones Unidas. Han hecho un llamamiento para que entren en vigor una serie de medidas decisivas tales como el tratamiento gratuito, el uso extendido de tests rápidos gratuitos, la formación de aldeanos para identificar los casos simples de malaria en los centros de salud locales y la distribución de mosquiteros impregnados de insecticida. Estas medidas han podido salvar muchas vidas en los países y regiones pobres en desarrollo.
Un estudio de “Médicos sin Fronteras” demuestra que la gratuidad de los tests y del tratamiento de la malaria ha hecho crecer considerablemente el número de personas que buscan un tratamiento para la enfermedad. Tras la introducción de tests y medicamentos gratuitos en Chad el número de pacientes ha pasado en un años de 10.000 a 100.000. Esto ha creado otro tipo de problemas, porque las clínicas existentes y el personal médico no podían absorber este aumento. Pero el efecto secundario positivo del tratamiento gratuito es que los pacientes ya no necesitan acudir a los medicamentos falsificados y/o de bajo standard para la malaria, disminuyendo así la posibilidad de resistencia.
Como la mayoría de los medicamentos y otros productos utilizados para combatir la malaria son importados de ultramar, la OMS ha propuesto suprimir todos los derechos de aduana y las tasas sobre los medicamentos, los mosquiteros y otros útiles antipalúdicos, como un medio de disminuir el coste del tratamiento y de los productos salvadores de vidas. Pese a la promesa hace 10 años por parte de 40 líderes africanos de que actuarían así, sólo 6 países: Guinea, Kenya, Isla Mauricio, Tanzania y Uganda en África, y Paupasia -Nueva Guinea en Asia han suprimido completamente los derechos de aduana sobre los productos utilizados para combatir la malaria. Esto, aparte del hecho de que las tasas y los derechos de aduana sobre los productos antipalúdicos no proporcionan más que ingresos mínimos, y que estas ganancias se ven a menudo descompensadas por los costes en salud y la pérdida de productividad debido a los accesos evitables de malaria. Las tasas y los derechos de aduanas aumentan el precio, impidiendo así a los pobres acceder a los tratamientos.
Para conseguir los objetivos del milenio para el desarrollo (ODM) en el tema de la mortalidad por malaria, y para aportar un cambio real, son necesarios esfuerzos a nivel nacional e internacional. El apoyo político a nivel país y nuevas estrategias y nuevas finanzas a nivel internacional son dos estrategias esenciales. Sólo mediante una real cooperación entre países y partenarios internacionales se conseguirán los ODM para 2015.
4. Hacia un tratamiento gratuito de la malaria
Muchos gobiernos en África han dado la prioridad a la malaria, y le han hecho un hueco importante en sus agendas de salud. Algunos países se han comprometido a ofrecer gratuitamente el tratamiento y la prevención de la malaria a ciertas categorías de pacientes.
En Camerún, donde la malaria es responsable de 2/3 de las admisiones hospitalarias y del 40 % de las muertes de niños de 0 a 5 años, se emplea un tercio del presupuesto familiar en el tratamiento de la malaria. Desde febrero 2011, el tratamiento es gratuito para la malaria simple en niños menores de 5 años en hospitales públicos y privados. La gratuidad incluye también el material para los tests y el tratamiento. Pero la calificación de malaria simple, sin complicaciones, levanta inquietudes entre la población ya que la elegibilidad en pro de este categoría podría llevar a ciertas trampas en hospitales y centros de salud. El gobierno ha anunciado la distribución de 8 millones de mosquiteros impregnados de insecticida.
Ghana ofrecerá tratamiento gratuito para la malaria en todas las instituciones públicas de salud una vez que la ley sea votada.
En Mozambique, la malaria es la mayor causa de admisión hospitalaria, con 5,9 millones de casos informados y 4.209 fallecimientos en 2005, y más de 3 millones de casos encuestados en los tres primeros meses de 2010. Los mozambiqueños tienen acceso gratuito al tratamiento de la malaria en todos los hospitales y clínicas públicos del país. La distribución de mosquiteros gratuitos, las campañas de pulverización casa por casa, la eliminación de aguas estancadas en las que se reproducen los mosquitos, y la concienciación general sobre la enfermedad son medidas para combatir la malaria.
En Mali, la prevención y el tratamiento de la malaria en niños menores de 5 años y mujeres embarazadas son gratuitos en los hospitales públicos, los centros de salud de referencia y los centros de salud comunitarios desde noviembre 2010. Esto incluye medicamentos para el tratamiento y la prevención mediante tabletas de sulfadoxina-pyrimetamina, así como los mosquiteros tratados con insecticidas.
Namibia, Bostwana, Sudáfrica y Swazilandia están construyendo un acercamiento integral a la enfermedad que incluye el uso de mosquiteros, la mejora de diagnósticos y la puesta a disposición de un tratamiento seguro y eficaz. Pero la piedra angular de esta campaña, muy exitosa, es la pulverización de pequeñas cantidades de insecticida, incluido el DDT, dentro de las casas.
Senegal ha hecho un gran esfuerzo para combatir la malaria. La introducción de ACT y de tests de diagnóstico rápido, al mismo tiempo que la distribución de 3 millones de mosquiteros para niños, ha hecho caer el número de defunciones debidas a la malaria de 1.678 en 2006 a 577 en 2009. La tasa de prevalencia de la malaria ha bajado el 30% en 2000, y a 5,7% actualmente. USAID Senegal (Agencia de los EEUU para desarrollo internacional), espera proveer con 450.000 dosis de tratamiento contra la malaria y un millón de mosquiteros. Desde 2010, Senegal ofrece tratamiento gratuito de la malaria con ACT, no con otros medicamentos. Algunos médicos creen que las dosis de ACT disponibles serán insuficientes para las necesidades actuales, especialmente durante la estación de lluvias.
En el Chad, desde enero 2011 el diagnóstico y el tratamiento de la malaria son gratuitos, así como los mosquiteros para madres y niños. La lucha contra la malaria costará entre 15 y 20 mil millones de francos CFA anuales. En 2010 se han gastado 600 millones de francos CFA (915.000 €) para el tratamiento gratuito de todos los casos graves de malaria.
Los APE y la iniciativa de Europa a la búsqueda de materias primas
Thomas Lazzeri
(El contenido de este artículo se basa ampliamente en los siguientes informes :Amigos de la tierra, 2008, Debilitar África- Acuerdos de partenariado económico, selvas y búsqueda de la UE de las materias primas de África. Tradecraft: 2010, La nueva rapiña de los recursos: Cómo la política comercial de la UE sobre las materias primas está en camino de minar el desarrollo. Gregov K. 2010. La carrera por las materias primas- Cómo la UE utiliza los acuerdos comerciales para apoderarse de los recursos de África. Ramdo.I. 2011. Comprar materias primas- ¿Debe preocuparse África ante la iniciativa de la UE cara a las materias primas?)
La UE y los estados miembros están cada día más ansiosos por asegurar para las empresas europeas el acceso a las materias primas. La UE necesita contar con la importación de muchas materias primas cruciales desde terceros países. De hecho, la UE es el mayor importador mundial de recursos naturales, contando con el 23 % de las importaciones globales de recursos naturales. La tasa de dependencia de la UE va desde el 46 % del cromo, el 54 % para el cobre, 95 % de la bauxita, y el 100% para materias primas como el cobalto, el platino, el titanio y el vanadio.
El ascenso de China, India y Brasil han hecho saltar las alarmas. Por eso la Comisión Europea ha lanzado su iniciativa para las materias primas en 2008. El objetivo principal de la iniciativa era asegurar el acceso de Europa a las materias primas de terceros países. En febrero 2011 se ha publicado un nuevo informe que confirma la forma de acercamiento de la Comisión. En particular quiere mejorar la seguridad de los aprovisionamientos de la UE por medio de acuerdos comerciales multilaterales a nivel de OMC, y acuerdos comerciales bilaterales tales como los Acuerdos de Partenariado Económico (APE). El objetivo es utilizar estos acuerdos comerciales para quitar de en medio obstáculos – como las restricciones a la exportación o los límites a las inversiones- que impiden el acceso de Europa a las materias primas de terceros países.
1. Restricciones a las exportaciones
Las restricciones a las exportaciones pueden adoptar numerosas formas diferentes, como las tasas a la exportación, cuotas, subsidios o precios mínimos obligatorios sobre los productos exportados.
Las tasas a la exportación son un instrumento común de política en muchos países en vías de desarrollo. Las tasas están admitidas por las reglas de la OMC. Se las utiliza para promover el tratamiento doméstico con valor añadido, para proteger el medioambiente y los recursos naturales, y/o como una fuente de ingresos para el gobierno. Al imponer una tasa sobre la exportación de una determinada materia prima, se estimula el desarrollo de las industrias locales de manufactura o tratamiento, porque tratar las materias primas en el lugar les resulta más barato que exportarlas y tratarlas en Europa.
La UE estima que las tasas a la exportación falsean el comercio. Durante muchos años, la UE ha intentado hacerlas desaparecer de la OMC. En 2006, la UE sometió a la OMC una proposición para un nuevo acuerdo sobre las tasas a la exportación. Proponía que todos los miembros de la OMC se comprometieran a eliminar las tasas. La proposición fue rechazada por otros miembros de la OMC, y criticada duramente por los países en vías de desarrollo. Namibia, por ejemplo, ha resistido fuertemente los esfuerzos de la UE para prohibir las tasas. En 2008, la UE sometió de nuevo una proposición revisada, que una vez más falló en obtener el consenso, y desde entonces ya no ha habido más movimientos en esa dirección ante la OMC.
Los países en vías de desarrollo consideran que las tasas de exportación son instrumentos legítimos de desarrollo económico e industrial. Quieren conservar su margen de maniobra para ser capaces de utilizar las tasas como instrumentos políticos en las diferentes situaciones en las que los consideran apropiados. Los ministros de comercio de los países más pobres del mundo hacen un llamamiento a los miembros de la OMC para que se pongan de acuerdo en no imponer ninguna disciplina sobre las tasas a la exportación, pues éstas son instrumentos legítimos de desarrollo.
Ya que la UE no ha conseguido hacer prevalecer en la OMC su voluntad sobre las tasas, ha desplazado sus esfuerzos a las negociaciones bilaterales, tales como los APE con países ACP. En las negociaciones APE, las tasas a la exportación no figuraban en el orden de día original, pero súbitamente, al acercarse la fecha límite de 2007, la UE los insertó en los textos a negociar.
La cláusula sobre las tasas a la exportación que la UE ha conseguido introducir en los acuerdos interinos de partenariado económico prohíbe a los países africanos introducir nuevas tasas a la exportación o aumentar las que ya se aplican. En circunstancias extraordinarias, y sujetos únicamente al consentimiento de la Comisión Europea, los derechos de exportación pueden ser introducidos temporalmente.
Los países africanos han insistido repetidas veces sobre el problema de las tasas durante las negociaciones APE. Los embajadores de África Oriental en la OMC, con base en Ginebra, han pedido que se suprima la cláusula sobre las tasas a la exportación en los acuerdos provisionales de partenariado. La Comisión de la Unión Africana ha presentado un documento a la Comisión Europea, en la reunión conjunta de junio 2010, declarando lo siguiente:
“La propuesta de la Comisión Europea de prohibir el uso de tasas a la exportación y las restricciones cuantitativas sobre los APE es una exigencia no necesaria, añadida a las de la OMC, que limitaría el margen de maniobra para utilizar estas medidas para valor añadido, diversificación, promoción de la industria naciente, seguridad alimentaria, ingresos y consideraciones medioambientales.”
Para muchos países en vías de desarrollo, las tasas a la exportación son uno de los instrumentos de política comercial que aún existen, ya que el margen de maniobra local para apoyar el desarrollo industrial ha quedado reducido de manera significativa por la liberalización impuesta por los Programas de ajuste estructural impuestos por el fondo monetario internacional (FMI) y la Banca Mundial (BM) en los años 1980 y 1990, y en las negociaciones de la OMC. Cuando la UE intenta impedir a los países africanos introducir nuevas tasas a la exportación les está negando su margen de maniobra para decidir los medios que promuevan su IVA y continúen su incipiente desarrollo industrial.
Para los países africanos, si quieren un desarrollo sostenible, es crucial liberarse de la dependencia cara a las mercancías, y los derechos de aduana son un medio increíblemente precioso para convencer a los inversores extranjeros para que traten las materias primas localmente, en vez de exportarlas. A excepción de algunos productos del petróleo, ningún país de los que dependen de exportaciones de mercancías esenciales está entre los de ingresos más altos. Sólo los países que se han industrializado de forma competente y basados en tecnología, o que han incorporado tratamientos de valor añadido en sus sectores primarios han podido conseguir niveles más altos de ingresos. La promoción de las manufacturas es esencial si los países africanos quieren escapar de la dependencia a causa de la exportación de sus productos.
Por ejemplo, el gobierno de Kenya ha subido la tasa de exportación, pagada sobre las exportaciones de pieles no tratadas, al 20 % en 2006, y la ha doblado al 40 % el año siguiente, con el fin de estimular la industria del tratamiento del cuero en el país. Las tasas han reducido drásticamente las exportaciones de pieles no tratadas, y han aumentado el tratamiento del cuero. Según el gobierno, casi el 98 % de las pieles producidas en el país son ahora semi-terminadas o totalmente terminadas, frente al 56 % de 2003. El total de ganancia para la industria del cuero, según las cifras del gobierno, ha aumentado un 21 % entre 2005 y 2008. Se estima que se han creado unos mil empleos directos y 6.000 empleos indirectos, desde la introducción de la tasa a la exportación.
Las selvas forestales africanas estarán también amenazadas, si se aplican los APE y se retiran las restricciones a la exportación, ya que esto dejaría lugar a una explotación ilimitada de las selvas africanas. En particular se verían amenazados el bosque tropical en la cuenca del Congo y la selva guineana en África Occidental. Estos ecosistemas son vitales, no sólo para la población local, sino que son claves a nivel mundial ya que son unos de los pulmones verdes más necesarios del mundo, necesarios también para la regulación del clima a nivel global.
2. Inversiones
En su iniciativa sobre las materias primas, la UE cataloga las reglas “restrictivas” de inversiones entre las medidas gubernamentales de los países en desarrollo y las economías emergentes que, según la UE, falsean el comercio internacional de materias primas.
Los países en desarrollo han resistido mucho tiempo el acuerdo sobre las inversiones a nivel OMC, y finalmente han llegado a suprimirlos del orden de día de Doha en 2004. Si la UE consigue lo que quiere, se incluirá en los acuerdos finales de partenariado económico un capítulo sobre inversiones. El APE con los países del Caribe, el único firmado hasta el presente, contiene ya un capítulo sobre inversiones. Un acuerdo sobre inversiones en los APE, con compromisos de liberalización, arriesgaría restringir fuertemente el margen de maniobra de los gobiernos africanos para que regulen las inversiones extranjeras, de modo que la inversión pueda beneficiar a la economía local y estimular el desarrollo.
El capítulo sobre inversiones que la UE desea incluir prevé, entre otras, “un tratamiento nacional” y la “protección del inversor”. El tratamiento nacional significa que hay que conceder a los inversores extranjeros los mismos derechos que a los inversores locales, impidiendo la capacidad del gobierno de dar un trato preferencial a los inversores domésticos, tales como empresas nacientes o de poca envergadura, o su capacidad de apartar a los inversores extranjeros de ciertos sectores, o de ofrecer un tratamiento favorable a inversores locales para ayudar a promover la integración regional. Además, dar un “tratamiento igual” a los inversores extranjeros significa a menudo, en la práctica, darles más influencia y derechos que a los inversores locales, dada su dimensión y su potencia mucho mayores. La protección de los inversores, que establece normas mínimas de tratamiento de inversores y del flujo de movimientos de capital de un país a otro, asegura el derecho de los inversores de repatriar los beneficios y restringir la capacidad de los países en desarrollo de imponer algún control sobre los movimientos de capitales.
La liberalización de las inversiones en los sectores de los recursos naturales tarnferiría a las empresas extranjeras más derechos para explotar las selvas, los minerales, el petróleo y el gas natural. Esto ataría las manos de los gobiernos africanos y limitaría su capacidad de exigir a los inversores extranjeros,. Por ejemplo, que reinvirtieran una parte de los beneficios o que emplearan personal local. Otras reglamentaciones que serían amenazadas por un acuerdo sobre las inversiones serían las de exigir a los inversores extranjeros que entren en las empresas comunes con los residentes y/o el gobierno, restringir la propiedad de las tierras y restringir el derecho de los no-residentes a establecer filiales o ramas en los países.
Muchos países africanos han puesto en práctica algunas restricciones sobre las inversiones extranjeras en los sectores de los recursos naturales, incluso si en muchos casos, con la esperanza de atraer más inversiones, se han visto forzados a introducir regímenes de inversiones bastante liberales. Estas reglamentaciones son a menudo restricciones del derecho de propiedad, exigencias de participación local o de empresas comunes, restricciones del derecho de propiedad de tierras, o el hecho de reservar explotaciones mineras a pequeña escala a ciudadanos locales y a empresas propiedad de los ciudadanos. La capacidad de los países africanos para utilizar estas reglamentaciones en interés del desarrollo estará amenazada si la UE consiguiera introducir el acuerdo sobre inversiones en los APE.
Por ejemplo, en Sudáfrica, la carta de explotación minera en el Acta de Desarrollo de Recursos Minerales y Petróleo dispone la regla que gobiernan la demanda de derechos mineros, así como la transferencia de estos derechos. El Acta incluye medidas estatutarias para la autonomización de la economía negra y la participación acrecentada de los sudafricanos históricamente en desventaja en la industria minera. La Carta hace mención de los sudafricanos negros para que controlen el 15 % de las minas en un plazo de 5 años, y el 26 % en diez años. El gobierno ha establecido como meta transferir el 26 % de los activos de las minas a empresas poseídas por negros, y asegurar que el 51 % de los futuros proyectos de explotación minera sean controlados por sociedades de propietarios negros. La ley da al gobierno el poder de dar preferencia a las solicitudes de personas históricamente en desventaja.
Sudáfrica es uno de los mayores proveedores mundiales de dos de las materias primas que la UE considera como particularmente cruciales: rodio y platino. Ha sido identificada por la UE como uno de los países que aplican restricciones comerciales a las materias primas. Si Sudáfrica debiera firmar un APE incluyendo el capítulo sobre inversiones, ya no tendría la posibilidad de dar preferencia a las personas históricamente desaventajadas. Como decía Joseph Stglitz, Ex Economista en jefe de la Banca Mundial y Premio Nobel, “Si eres un país en desarrollo, asegúrate de que tu gobierno no firme un tratado bilateral de inversiones”.
Del Boletín nº 55 marzo 2011 de AEFJN